A pesar de no haber tomado una decisión formal y que realizarán un análisis, los diputados del PLN empezaron a tomar distancia del referéndum que propuso el presidente Chaves.
Este martes, Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN, indicó que las atribuciones de fiscalización del ente contralor no se pueden reducir de ninguna manera.
“Para el PLN el referéndum es una herramienta muy importante y necesaria. Todos los costarricenses tienen derecho a definir los proyectos que son importantes para el país.
Sin embargo, esta propuesta de referéndum que hace el Ejecutivo requiere de un análisis a mayor profundidad, porque quitarle los instrumentos a la Contraloría General de la República, para que pueda controlar los recursos públicos, es muy peligroso, porque podríamos caer en la tentación de la corrupción y eso no lo podemos permitir”, dijo Izquierdo.
Precisamente, Marta Acosta, contralora general, señaló que la propuesta de Chaves busca evadir controles y que es una puerta para la corrupción.
“Eso es justamente lo que pretende el proyecto de referéndum: que obras públicas se puedan contratar a dedo, que no se registre deuda pública, que no se pueda alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto, que una denuncia o auditoría no pueda derivar en la prevención de un acto irregular o de ineficiencia, entre otros efectos visibles”, indicó Acosta.
La Ley Jaguar o referéndum para el Desarrollo Nacional se trata básicamente de una reforma de la ley que cobija a la Contraloría General, el desarrollo de Ciudad Gobierno y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.
—
