Imagen tomada de internet con fines ilustrativos
Laura Sauma
articulista@icorpcr.com
En Costa Rica, se está abriendo un nuevo capítulo en la gestión del transporte, con la propuesta del gobierno de reemplazar la política de restricción vehicular, por cargos por congestión. Aunque esta medida ha sido implementada en ciudades como Londres, Estocolmo y Milán, es importante analizar su viabilidad y efectividad en el contexto nacional.
Primero, en lugar de simplemente copiar políticas de otros países, debemos considerar nuestros desafíos, y deficiencias específicas en los sistemas de transporte.
Segundo, es esencial que los recursos generados por los propietarios de vehículos se utilicen de manera adecuada, centrándose en mejorar la infraestructura vial en lugar de en mantener la burocracia.
Por último, aunque no menos importante, hay que mantener en mente que en la actualidad los propietarios de vehículos tienen que pagar impuestos de traspaso, importación y, además, el injusto e inconstitucional “marchamo” –uno de los más altos entre los países de la OCDE–; de modo que la medida así planteada trata simplemente de seguirlos castigando, por el simple hecho de ser propietarios de un bien.
Por lo demás, y aunque parezca increíble, apenas unos días después de que el gobierno anunció -con bombos y platillos- una recaudación récord, viene ahora a proponer una medida para seguir extrayendo recursos de una ciudadanía, cada vez más harta y desesperanzada. Haciendo esas salvedades, no debemos descartar de inmediato la idea, sin la discusión correspondiente.
Podríamos explorar alternativas como canjear los cargos por congestión por una rebaja en el marchamo, por ejemplo; aplicando así dos medidas que se ajusten más a las tendencias modernas, en lo que a regulaciones al transporte se refiere.
En este artículo, examinaremos en detalle las implicaciones de esos cargos, analizaremos sus posibles beneficios, y desventajas con base en las experiencias en otras naciones y exploraremos enfoques alternativos para lograr una movilidad sostenible y equitativa.
El costo de las presas en nuestras carreteras es enorme, y afecta negativamente la calidad de vida. Aunque no hay cifras precisas, se estima que en 2018 perdimos alrededor del 3.8% del PIB, debido a los atascos de tráfico, y es probable que esta situación haya empeorado desde entonces.
Los embotellamientos tienen impactos económicos y físicos, tales como el aumento del consumo de combustible, la contaminación, los accidentes y la disminución de la productividad. Por lo tanto, es crucial abordar el problema y explorar diferentes políticas y herramientas de transporte para mitigarlo.
Sin embargo, es fundamental que estas medidas se enfoquen en el bienestar de los ciudadanos, y no solo en la recaudación de impuestos.
Los cobros por congestión son una tendencia global en la gestión del tráfico. El concepto es simple: los conductores pagarían una tarifa adicional al ingresar a las zonas con más tránsito.
Los fondos recaudados se destinarían a mejorar el transporte público, y aliviar la presión en las carreteras, con la esperanza de fomentar cambios en los hábitos de movilidad. Los métodos de aplicación pueden ser peajes o carriles exclusivos, por ejemplo.
Al observar los resultados en otros países, podemos encontrar modelos inspiradores que respaldan la implementación de esos cargos.
Bogotá, por ejemplo, se ha convertido en un faro de esperanza en la región, pues al aplicarlos lograron reducir considerablemente la cantidad de vehículos en las calles. Estas disposiciones han financiado mejoras en la infraestructura del transporte público, generando un impacto positivo en la movilidad, y la calidad de vida de los habitantes.
Sin embargo, también es importante reconocer que no todos los intentos han sido igualmente exitosos. El Distrito Federal de México, famoso por sus interminables embotellamientos, ha enfrentado desafíos significativos en la ejecución de ese modelo.
Ahora bien, si nos trasladamos a Europa, en Londres únicamente el 45% de los ingresos fueron utilizados para mejorar la infraestructura de transporte; en Estocolmo, aunque la medida inicialmente produjo una reducción vehicular, después simplemente se convirtió en una fuente de ingresos gubernamentales.
Estos ejemplos destacan la importancia de aprender de las experiencias pasadas, y diseñar cuidadosamente las políticas de transporte en Costa Rica.
Si aprovechamos las lecciones aprendidas, evitamos los errores cometidos y establecemos un marco sólido de rendición de cuentas y transparencia, los cargos por atascamiento podrían convertirse en una herramienta eficaz para mejorar la movilidad, reducir la congestión y financiar mejoras en el transporte público.
La puesta en marcha de tal medida en una nación con un historial cuestionable de transparencia, y eficiencia burocrática, no está exenta de desafíos. ¿Cómo asegurar que los recursos se inviertan en proyectos de transporte público, que realmente mejoren la calidad de vida de los costarricenses?
Lo anterior nos obliga a repensar nuestras estrategias de transporte, en vez de simplemente impulsar una idea que suena bonita, para todos los que quisiéramos ciudades más amigables con el peatón.
Es necesario desarrollar una infraestructura de transporte público eficiente, promover alternativas de transporte limpio y adoptar estrategias de planificación urbana, que reduzcan la dependencia del automóvil. Estas soluciones transformadoras pueden allanar el camino, hacia una movilidad más sostenible y equitativa en Costa Rica.
Independientemente de la dirección que tomemos, es crucial diseñar cuidadosamente las políticas de transporte, para evitar lagunas legales que las hagan ineficaces.
Los cargos a cobrar, podrían ser una alternativa para aliviar la congestión, y mejorar la financiación del transporte público, pero deben implementarse junto con acciones integrales, que prioricen la sostenibilidad, la equidad y la eficiencia.
Si logramos establecer mecanismos sólidos de rendición de cuentas y transparencia, esta propuesta audaz podría ser la solución esperada para despejar nuestras atiborradas calles, y construir un futuro urbano prometedor.
En una nación donde el buen uso de los recursos sigue siendo un desafío, estas iniciativas representan una oportunidad para dejar atrás el pasado, y ser disruptivos. Solo el tiempo dirá si seremos capaces de superar nuestros propios obstáculos, y convertirnos en un faro de esperanza para el resto de la región.
Juntos, podemos abrir el camino hacia una movilidad más sostenible, equitativa y próspera en nuestro hermoso país, todos podemos hacer concesiones, sin que esto implique un cheque en blanco para el gobierno.
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