Laura Sauma
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El peligro potencial del reciente caso mexicano… y de su efecto en el espejo costarricense.
Recientemente, México implementó un cambio profundo en la forma en la cual se elegirá en adelante a los jueces, una decisión que generó críticas internas y externas, por sus posibles implicaciones en la independencia judicial.
Lejos de ser el resultado de un clamor ciudadano, esto responde al deseo de una parte específica de la clase política mexicana -la del izquierdista partido Morena- que busca consolidar su control sobre los poderes del Estado, desoyendo las voces que exigen una justicia imparcial y transparente.
Costa Rica, a pesar de su orgullosa trayectoria republicana, no está exenta de ese riesgo. De manera que si lo ocurrido en México no se discute a tiempo, ni se corrigen en consecuencia las causas que lo originaron, podríamos enfrentar aquí un escenario donde la democracia y el Estado de derecho se debiliten considerablemente.
Consecuencias de una justicia manipulada
La reforma ocurrida en México, que otorga a la esfera política gobernante mayor control sobre la elección de jueces, refleja un problema más profundo: la impunidad tanto administrativa como política.
Al concentrar el poder de la elección de jueces en manos de los gobernantes, el sistema judicial corre el riesgo de convertirse en un mero instrumento para servir a sus intereses particulares, y perpetuar aquella situación.
Así, los jueces, que deberían ser la última línea de defensa de los ciudadanos, frente a los abusos de poder, pueden acabar siendo seleccionados no por su idoneidad, sino por su lealtad política al gobernante de turno.
El resultado de ello sería un ciclo vicioso en el que los delitos administrativos, o políticos, cometidos desde el poder queden impunes, fomentando más corrupción e injusticia en contra de los gobernados.
Reducir los requisitos a simplemente ser abogado, y delegar en la ciudadanía la elección de la persona idónea para ejercer el cargo, considerando los resultados de otros puestos de elección popular, donde se prioriza la simpatía o el beneficio inmediato, no augura en absoluto un futuro prometedor al sistema judicial mexicano.
El espejo costarricense
En Costa Rica, aunque el método de selección de jueces es distinto al mexicano aprobado en la reciente reforma, la sombra de la politización y los conflictos de interés no le es ajena. La falta de consecuencias reales para quienes cometen actos de corrupción, y el tráfico de influencias en la designación de puestos clave, crean un ambiente donde la justicia no siempre es equitativa.
Tampoco ayuda la posibilidad de que existan cargos vitalicios en las magistraturas, y los factores evaluados en la comisión de nombramientos de la Asamblea Legislativa, donde aspectos tan subjetivos como una entrevista pueden inclinar la balanza.
La ciudadanía percibe un sistema judicial que, en muchos casos, no responde a sus necesidades, y parece proteger a quienes tienen conexiones políticas o poder económico; y, aunque el sistema judicial costarricense ha gozado históricamente de mayor autonomía, ya se evidencian signos de agotamiento que siguen siendo ignorados por quienes están a su mando.
Lecciones y oportunidades
El paralelismo entre México y Costa Rica no es casual. En ambos países, los problemas de justicia e impunidad son el resultado de una clase política, que antepone sus intereses a las demandas ciudadanas.
Cuando la justicia no es equitativa, se desmantela la confianza en las instituciones, lo que puede derivar en una proliferación de delitos sin castigo y, en consecuencia, en una crisis de gobernabilidad. La corrupción y la distribución de cargos entre allegados se vuelven parte del sistema, mientras que las reformas que podrían mejorar la forma de impartir justicia son ignoradas o postergadas indefinidamente.
En ese sentido, el Informe del Estado de la Justicia en Costa Rica, señaló varios puntos críticos que deben atenderse para evitar el deterioro del sistema judicial. Entre sus principales recomendaciones destaca la separación entre la parte administrativa y la judicial en dicho Poder.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia asume ambos roles, lo que genera conflictos de interés y una gestión ineficiente. Al transferir la administración a un ente autónomo, la Corte podría enfocarse exclusivamente en impartir justicia, mejorando tanto su capacidad técnica como su transparencia administrativa.
Otra propuesta clave es la implementación de evaluaciones periódicas y transparentes para los jueces, algo que ha sido limitado y poco efectivo hasta ahora. En paralelo, el informe también sugiere la creación de mecanismos de control ciudadano y auditoría externa sobre el funcionamiento del sistema judicial, lo que incrementaría la confianza pública.
Si Costa Rica no adopta estas recomendaciones, enfrentaremos el mismo riesgo que México: un sistema judicial que perpetúa la corrupción y la impunidad, caiga por eso bajo control político…y, a su vez, mantenga la corrupción y la impunidad.
La experiencia mexicana nos demuestra lo que ocurre cuando los gobiernos politizan la justicia, y desoyen las demandas ciudadanas de reformas profundas: si queremos evitar una crisis similar, es necesario actuar con firmeza.
¿Qué podemos hacer?
Es urgente implementar reformas que fortalezcan la independencia judicial, permitiendo que los jueces sean seleccionados por su capacidad técnica y ética, no por sus conexiones políticas. Al mismo tiempo, es necesario crear mecanismos de participación ciudadana reales, para que las voces de quienes exigen justicia no sean ignoradas.
Pareciera imprescindible proponer una reforma constitucional que limite la reelección de magistrados, la cual actualmente se produce de manera casi automática al requerir 38 votos en contra, algo prácticamente imposible debido a la conformación de la Asamblea Legislativa.
Dado que las reformas constitucionales son lentas, sería conveniente que la Asamblea Legislativa adoptara un acuerdo para no reelegir a nadie más a partir de ahora, permitiendo así la renovación necesaria. Gente con nuevas ideas y perspectivas es crucial si queremos aspirar a una justicia pronta y cumplida. Tras décadas con las mismas personas al mando, lo que tenemos es ineficiencia, desorden, abusos e intereses creados. Continuar por el mismo camino no traerá resultados distintos.
También se podría considerar limitar el mandato a un solo periodo de 12 años. Y, por supuesto, eliminar las puertas giratorias, ya que de lo contrario continuamos fomentando las malas prácticas que nos tienen donde estamos.
Resulta esencial revisar los criterios de la Comisión de Nombramientos, ya que aspectos tan subjetivos como una entrevista no deberían ser determinantes. Habría que priorizar criterios técnicos como el tiempo de respuesta, el trabajo en equipo, la cantidad de trámites resueltos y, sobre todo, la calidad de las resoluciones.
Costa Rica, al igual que México, debe resistir la tentación de caer en una justicia manipulada desde el poder político; pero para ello debemos asegurarnos de que el sistema funcione para todos y no solo para unos pocos.
La falta de independencia judicial y la corrupción amenazan la estabilidad de cualquier país: ¿estamos dispuestos a ignorar estas señales o tomaremos acción antes de que sea demasiado tarde?
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