Laura Sauma
articulista@icorpcr.com
Los que acostumbran leer mis elucubraciones diarias sabrán que este título está lleno de sarcasmo. Primero porque yo creo que debemos exigir la prestación de los servicios en vez de defender instituciones; y luego porque he dicho hasta el cansancio que la CCSS, al igual que el resto del archipiélago institucional que nos obligan a mantener, le pertenece a sus empleados. Entonces ¿para qué deberíamos hacernos esa pregunta?
Lo primero es para tomar conciencia de que la existencia de un edificio y su personal no garantiza el acceso a un servicio, las listas de espera de 500 días, la expulsión del 47% de la población económicamente activa, la negativa a establecer los tres turnos, el despilfarro de los recursos, la persecución de los profesionales liberales, etc.
Todo eso va en la dirección contraria de la solidaridad y universalidad del servicio que supuestamente brindan. Estamos frente a lo que yo llamo una excelente idea, pésimamente ejecutada.
Ahora bien, yo soy ingeniera, no experta en sistemas de salud o pensiones, entonces no me voy a meter en los aspectos técnicos, voy a presentar una solución viable desde el punto de vista de optimización de procesos.
Esto llevará inevitablemente consigo la disminución de los costos y la mejora en la calidad de los servicios. Entonces como ciudadanía nos debería interesar e importar.
Empecemos por enumerar y describir brevemente los problemas del sistema:
- Pésima administración.
- Fundaciones diseñadas en una realidad poblacional de los años cincuenta.
- Autonomía mal entendida.
- Meter en una misma institución tres actividades con diferentes objetivos.
- Halo de santificación.
- Concentración del 10% del PIB.
- Decisiones en manos de nueve personas que nadie eligió y que no se concentran en cumplir sus objetivos, sino en garantizar la existencia de la institución.
- Impunidad reinante.
La forma más sencilla de solucionar un problema enorme es dividiéndolo en partes, entonces apliquemos el mismo principio, empecemos por segregar la institución por actividades:
- Operadora de pensiones.
- Prestadora de servicios de salud.
- Aseguradora de gastos médicos.
Con sólo está división ya lograríamos mejorar muchísimo la gobernanza y los controles. Cada una tendría una junta directiva con especialidad en el área técnica y podrían concentrarse en cómo emular a los mejores en esa actividad específica. Además, cada una tendría presupuesto y planilla mucho más manejables.
En cuanto a las pensiones por mantener un sistema que está estructurado con base en una realidad poblacional que ya no aplica, entonces vamos a tener que mantener el desastre para las personas que estén prontas a pensionarse y establecer cuentas individuales para las que ingresan al mercado laboral. Esa operadora de pensiones debe estar en competencia y supervisada por la SUPEN.
Para el seguro médico, sería cuestión de unir operaciones con el INS, que ya tiene experiencia y así establecer los váucheres de salud, de modo que con base en lo que paguemos tendremos derecho a un monto y seremos atendidos oportunamente en el hospital de nuestra preferencia.
Todos los centros de salud serán operados por el sector privado, en competencia, sin importar el lugar de residencia. Con esto se acabará con los horarios de 7-4, las paralizaciones en quirófanos por descoordinación, los secuestros sindicales y demás abusos que han hecho de esta institución un lastre para la creación de empleo y el progreso.
Por último, todo lo que tiene que ver con pensiones de régimen no contributivo, seguros solidarios y la administración de todas las cargas parafiscales se pasarían al IMAS, que es el encargado de los programas sociales. Es importante tener la discusión sobre si esas cargas parafiscales deben dejar de cargarse a los que generan trabajo, pero eso es tema para otro artículo.
Ahora bien ¿cuál es el proceso a seguir? Primero empecemos por la concientización en la sociedad sobre los beneficios que le traerían estos cambios.
Luego tercericemos absolutamente todo lo administrativo, una vez sin el control de la planilla y el presupuesto podemos iniciar el proceso de división empezando por dejar de operar todos los centros de salud, luego hacer la fusión de los seguros médicos con el INS y por último lo más complejo, el sistema de pensiones.
Lo que mantenemos actualmente es un sistema de salud que no podemos usar oportunamente y una estafa piramidal, todavía podemos hacer los cambios de carril, pero ya el tiempo se nos esta acabando.
Con 47% de la población económicamente activa fuera del sistema y 50% de las personas mayores de 65 años sin pensión nos enfrentamos a un escenario espeluznante en menos de 20 años.
¿De verdad queremos condenar a la pobreza a las personas en su vejez para defender una institución? Ese enamoramiento ciego nos puede salir muy caro, lo importante es que se garanticen los servicios y en este momento no está sucediendo.
Atrevámonos a cambiar, es mucho más tenebroso seguir por la ruta actual.
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