La carencia de personal, dinero y equipo tecnológico impiden al Ministerio de Trabajo, atender a tiempo las irregularidades laborales cometidas en las empresas costarricenses.
El jerarca de Trabajo, Luis Paulino Mora, explicó a los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, que solo dispone de 88 funcionarios, pocos y deteriorados vehículos y apenas 27 oficinas habilitadas para la inspección laboral.
Para solventar parte de ese problema, el funcionario sugirió que los fondos “podrían salir de las multas aplicadas a las empresas, que suman alrededor de ¢170 millones anuales; actualmente, esos recursos van a la caja única del Estado.”
Añadió la urgencia de cambiar la legislación que autoriza el cierre de empresas, solo por la ausencia de la póliza de riesgos del trabajo.
Solicitó descongelar 21 plazas, más vehículos, e inspectores con su respectiva tableta, para realizar los informes de inspección en los campos de trabajo, y garantizar los derechos laborales vigentes en el país.
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