Una normativa frágil y con vacíos legales importantes, así como la irresponsabilidad de los jerarcas y la presión de los sindicatos, explican por qué más de 100 instituciones se declararon rebeldes en torno a los límites salariales de la ley de empleo público, según Laura Fernández, ministra de Planificación (Mideplan).
Es por ello que el gobierno prepara una reforma a la normativa, con el objetivo de cerrar los portillos existentes.
Y es que en promedio un 30% de las instituciones del Estado se declararon rebeldes de la Ley de empleo público gracias a un portillo legal que abrió la Sala IV.
Se trata de 103 dependencias del gobierno, que consideraron que todos sus puestos son exclusivos y excluyentes de la normativa y con ello, se autorregulan en materia salarial y régimen sancionatorio entre otras tareas.
“La oposición a la ley de empleo público se ve impulsada por una ley débil con vacíos importantes, así como a la falta de responsabilidad por parte de las jerarquías de estas instituciones autónomas con la adecuada implementación de la Ley y a sucumbir a las presiones de sindicatos y de mandos medios en las instituciones”, dijo Fernández.
Todas las municipalidades – salvo la de Matina -, las universidades públicas, la Contraloría, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Asamblea Legislativa son algunas de las instituciones que se autorregularán en materia salarial.
La ley de empleo público fue aprobada por el Congreso anterior con el objetivo de ponerle un freno al crecimiento de los pluses en el sector estatal.
Esto, al establecer el mismo salario por puesto laboral para todo el Estado, salvo algunas excepciones determinadas por la Sala IV.
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