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Washington, Estados Unidos | AFP | En Estados Unidos los abogados suelen presentar sus demandas en jurisdicciones que consideran convenientes, pero esa práctica ahora está bajo un renovado escrutinio tras el caso con repercusiones nacionales en que un juez suspendió el uso de la píldora abortiva.
Los demandantes en Estados Unidos siempre han tratado de escoger una corte que les otorgue ventaja cuando acuden al sistema judicial, donde un caso puede aterrizar en el escritorio de cualquier juez.
Sin embargo, esa estrategia conocida como “judge shopping” ha llegado al punto en que es posible acudir a una corte que solo tiene un juez, cuyas posturas son bien conocidas, lo que está despertando preocupaciones.
Cuando el actor Johnny Depp demandó a su exesposa Amber Heard luego de que ella se declaró víctima de abuso doméstico en una publicación de The Washington Post, Depp no llevó el caso a la corte de California, donde reside.
En cambio, la estrella de Hollywood presentó la demanda en Virginia, donde la ley sobre difamación es más favorable para ese tipo de casos, una decisión estratégica que fue posible por el solo hecho de que los servidores y la imprenta del periódico estaban ubicados en ese estado.
“El demandante escogerá el lugar más favorable, basado en varios factores, incluyendo la relevancia de los procedimientos, la conveniencia y qué tan receptivos son los jueces”, dice a la AFP Bruce Green, de la Escuela de Leyes Fordham.
Si bien los demandantes pueden escoger la corte, no se supone que puedan escoger a un juez, particularmente en el nivel federal.
Los jueces federales son generalistas, y los casos que llegan a las cortes deben distribuirse al azar.
Pero en algunos lugares, como el estado de Texas, la geografía ha permitido posibilidades interesantes: “Hay muchos lugares remotos en Texas donde hay un solo juez federal para atender toda la demanda”, dice Joshua Blackman, profesor de derecho constitucional en la Facultad de Leyes del sur de Texas.
“Así que existen estas secciones con juez único”.
– “Juez activista” –
Ese es el caso de Amarillo, una ciudad en los límites de Texas donde el único juez federal, Matthew Kacsmaryk, fue designado por el expresidente Donald Trump.
Kacsmaryk traía consigo un historial y formación ultraconservadores en su trabajo como abogado para organizaciones cristianas.
Opositores al aborto estratégicamente fundaron una nueva asociación en Amarillo, llamada Alianza por la Medicina Hipocrática, y tres meses después presentaron una demanda que desafiaba la legalidad de la píldora abortiva mifepristona, confiados en que llegaría al despacho de Kacsmaryk.
El viernes, el juez falló a favor de la asociación como se esperaba, una decisión que podría suspender de manera efectiva la autorización para usar el medicamento a partir del 15 de abril.
Su decisión provocó fuertes reacciones del progresismo. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, describió el fallo como proveniente de “un juez extremista que desea de manera vehemente arrebatarles los derechos a las mujeres”.
El miércoles, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans, en el sureño estado de Luisiana, falló 2-1 en favor de mantener disponible la mifepristona bajo normas más estrictas.
La práctica del “judge shopping” es habitual hace tiempo, pero recientemente ha desatado preocupaciones por tocar asuntos de interés nacional con drásticas consecuencias, dice Green.
La trascendental decisión de Kacsmaryk no es la primera en la historia reciente de fallos radicales en el país. Otros jueces han emitido fallos con implicación nacional para bloquear políticas adoptadas por Trump, Barack Obama y Joe Biden.
– “Escogidos a dedo” –
Para Blackman, dos factores han impulsado esta tendencia.
En 2014, cuando trataba de enfrentar las trabas de los republicanos, el Partido Demócrata que controlaba el Senado estadounidense cambió las reglas para confirmar las nominaciones judiciales que seleccionaba el presidente, y determinó que un nominado podía ser aprobado por una mayoría simple en lugar de lograr tres quintas partes de los votos, como se requería antes.
Como los presidentes ya no necesitaban votos de respaldo en la orilla contraria, eran libres de “designar jueces que estaban lejos del centro… jueces que tenían una base ideológica”, explica Blackman.
Al mismo tiempo, los fiscales generales estatales, que son funcionarios electos, se han vuelto más agresivos contra las administraciones del partido opositor.
Ken Paxton, fiscal general de Texas, quien ha recibido 26 demandas contra la administración Biden en apenas dos años, incluida la de Amarillo, es la epítome del exceso del “judge shooping”, dice el profesor Vladeck.
La práctica es un viejo problema, pero Paxton “ha hecho de esa leguleyada un arte”, escribió Vladeck en una columna en The New York Times.
Si no se hace nada al respecto, dice, “los jueces escogidos a dedo por los cuales nadie votó son cada vez más capaces de dictar políticas federales a nivel nacional”.
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