Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
Imagen tomada de internet
El Gobierno y el Acueductos y Alcantarillado ejecutaron este sábado la interconexión para abastecer de agua al proyecto habitacional La Esperanza en Naranjo, beneficiando a 120 familias.
La acción se realizó con apoyo de la Fuerza Pública, lo que generó un fuerte rechazo de la municipalidad local, que denunció una violación a su autonomía.
El AyA defendió la medida asegurando que Naranjo centro tiene disponibilidad de recurso hídrico y que los 12.000 habitantes actuales no verán afectado su suministro.
“El agua es un derecho constitucional y ningún operador debe negarla teniendo el recurso”, afirmó Lourdes Sáurez, presidenta ejecutiva de la institución.
El presidente Rodrigo Chaves respaldó la acción, reiterando que el alcalde Randall Vega se opuso por “venganza” tras su destitución como viceministro de Seguridad en 2022. Incluso advirtió que podría retirarle la administración del acueducto municipal.
Por su parte, la municipalidad denunció que más de 50 policías acompañaron al AyA en una “conexión ilegal e improcedente”.
Según el gobierno local, la intervención dañó infraestructura cantonal valorada en ¢216 millones, poniendo en riesgo su funcionamiento.
El ayuntamiento calificó la actuación como una “grave violación a la autonomía municipal” y anunció acciones legales.
Señaló que las autoridades ingresaron maquinaria sin autorización para perforar e interconectarse al acueducto, afectando el debido proceso y el derecho de defensa.
Mientras el Gobierno celebra haber garantizado agua a las familias de La Esperanza, la municipalidad insiste en que el procedimiento vulneró competencias locales, abriendo un nuevo frente de conflicto institucional.
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