En una decisión sorpresiva, el gobierno desconvocó el proyecto de jornadas de 12 horas laborales, conocido como 4/3, y uno contra el crimen organizado, que debe aprobarse antes del 7 de junio.
Los diputados de oposición consideran que esta es una maniobra del ejecutivo, para presionar a los legisladores y aprobar las jornadas extraordinarias, a cambio del proyecto de seguridad.
Para la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, el objetivo es consensuar un texto de jornadas excepcionales, en unas mesas de trabajo, durante una semana y abordar las observaciones de las diferentes fracciones legislativas.
La mesa de trabajo iniciará el próximo lunes 15 de mayo y se extenderá hasta el jueves 18 de mayo, aseguró Díaz.
Además, para liberar la agenda de los congresistas, y que estos puedan participar en la mesa de trabajo, el Ejecutivo desconvocará -a partir del lunes- la reforma a la ley contra el crimen organizado (expediente 23.090).
Lo anterior desató el enojo de los parlamentarios, sobre todo los del Frente Amplio, quienes señalaron que al gobierno no le interesa la seguridad ciudadana, y calificaron de “acto rastrero”, la decisión del ejecutivo.
El lunes 22 de mayo, el gobierno convocará ambos proyectos, para su debate por la vía abreviada, tal como se acordó inicialmente con los jefes de las seis fracciones legislativas.
“Hemos solicitado al gobierno que no desconvoque el proyecto de crimen organizado; el poder judicial pidió estuviera listo antes del 7 de junio, porque de lo contrario quedarían libres narcotraficantes”, enfatizó Sofía Guillén (FA).
El jefe de la fracción del PUSC, Alejandro Pacheco, aseguró que los tomó por sorpresa la situación y es una “decisión extraña, y pone a correr a la Asamblea Legislativa, y realizar sesiones incluso sábado y domingo”.
La gobiernista Pilar Cisneros sentenció que “hay un acuerdo político, avanzamos los dos proyectos a la vez, si no retiramos ambos, no se consigue el objetivo con jornadas flexibles.”
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