Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
El Gobierno presentó un proyecto de ley, para imponer un tope de ¢1,7 millones a las pensiones de lujo en el sector público, para igualar el tope que rige en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro.
El expediente 24.786, titulado Luchando por la justicia del sistema de pensiones del sector público, aplica a regímenes con cargo al Presupuesto Nacional, Poder Judicial y Magisterio Nacional.
El tope propuesto afectaría tanto a futuros jubilados como a los actuales, pese a restricciones legales sobre derechos adquiridos.
El proyecto, de 71 páginas, se fundamenta en un estudio actuarial que evidencia desigualdades en los regímenes de pensiones.
De las 12.968 pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, 916 superan el tope, incluidas algunas con montos superiores a ¢13 millones.
La medida enfrenta desafíos legales, dado que la Sala Constitucional permite contribuciones solidarias, pero no reducciones directas a pensiones adquiridas.
El Gobierno argumenta que el cambio es necesario para combatir privilegios y promover mayor justicia en el sistema de pensiones.
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