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Managua, Nicaragua | AFP. El exembajador de Nicaragua ante la OEA en la década de 1980, Edgard Parrales, fue declarado este martes culpable de menoscabo a la integridad nacional, delito con el que se ha procesado a varios opositores al gobierno de Daniel Ortega detenidos desde el año pasado.
El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que sigue los procesos contra opositores, informó que Parrales, un exsacerdote jesuita de 79 años, fue declarado culpable en un juicio a puertas cerradas en una prisión policial de Managua conocida como El Chipote.
Parrales, alguna vez aliado de Ortega en el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fue uno de los seis sacerdotes, junto al también escritor Ernesto Cardenal (fallecido en 2020), sancionados por el papa Juan Pablo II en los años 80 por ejercer cargos públicos, lo que se consideraba incompatible.
El exdiplomático fue detenido en noviembre del año pasado tras criticar la decisión del gobierno de retirar al país de la Organización de Estados Americanos (OEA), entidad que desconoció al elección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo, en un proceso con la mayoría de sus rivales presos.
La fiscalía, que pidió ocho años de cárcel para Parrales, también lo acusó de difundir noticias falsas. La lectura de su sentencia será el 5 de mayo.
“Soy inocente, me avala una historia de vida y de compromiso en la defensa de Nicaragua, específicamente ante la OEA”, dijo ante la jueza Nadia Tardencilla, quien lleva el caso, según consignó el Cenidh.
Durante su intervención, Parrales acusó a Ortega de ser “el responsable” de la “tragedia” que vive Nicaragua. “Yo acuso a Daniel Ortega”, apostilló.
El opositor estuvo en las celdas de El Chipote hasta marzo, pero luego quedó con arresto domiciliario por problemas de salud, régimen bajo el que se mantendrá.
Parrales se distanció del sandinismo en la década de 1990 y se convirtió en un crítico de la gestión de Ortega tras las protestas contra el gobierno de 2018, que detonaron una crisis política y manifestaciones que dejaron 355 fallecidos.
Ortega consideró que esas manifestaciones fueron un intento de golpe de Estado de sus rivales, con apoyo de Washington.
A su juicio, una acción similar trató de replicarse el año pasado antes de las elecciones de noviembre, y por ello dispuso la detención de 46 personas, acusadas de conspirar contra el mandatario.
Según opositores y la comunidad internacional, fue una maniobra para continuar en el poder.
Ortega, un exguerrillero de 76 años, gobierna desde 2007 y desde 2017 tiene como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo.
