Los congresistas siguen en vacaciones y volverán el lunes nueve para decidir la ampliación de la vida útil de los autobuses, de 15 a 18 años, que tiene en contra -además de los diputados del Frente Amplio – a cinco legisladores del Partido Liberal Progresista.
Esa iniciativa quedó estancada el mes pasado, debido a las 140 mociones presentadas por los frenteamplistas en la Comisión de Asuntos Económicos, donde el parlamentario Gilberto Campos (PLP), avala la extensión, aunque el resto de esa bancada está en contra.
El liberal argumenta que la iniciativa es en beneficio de pequeños autobuseros, afectados por la pandemia, quienes no pueden renovar la flotilla, y el sistema bancario no les presta dinero.
Al contrario, la fracción liberal considera que apoyar el proyecto de ley iría en contra de los principios de libre competencia del mercado.
La Comisión debe de revisar, vía el artículo 137 del Reglamento Legislativo, 140 mociones presentadas al Expediente 22,530 o Ley para la protección del Sector Autobusero Nacional ante la crisis sanitaria generada por la COVID-19.
Una de las opositoras más firmes a ese expediente es Sofía Guillén (FA); para ella “Es demasiada la alcahuetería con el sector autobusero de este país”; y está en contra de dar “más gollerías” a los grandes autobuseros.
Según Guillén, este proyecto contiene una serie de irregularidades en esas compañías, como incumplir la Ley 7600 que protege a los discapacitados, el mal estado de las rampas para sillas de ruedas y los problemas mecánicos de los buses.
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