La legisladora Carolina Delgado (PLN), presentó 500 mociones al proyecto de ley 23.090, que -entre otras acciones- ampliaría los plazos de prisión preventiva y evitaría la liberación de supuestos líderes narcos, quienes están presos.
Incluso, los diputados gobiernistas Alexander Barrantes y Jorge Rojas, intentan acelerar el trámite de esta reforma, mediante el proceso de vía rápida, pero la jefa de esa bancada, Pilar Cisneros, dijo que la prioridad del ejecutivo es otra.
Autoridades del Poder Judicial indicaron que esta reforma debe regir antes del 6 de junio, para evitar que la policía libere a presuntos capos del narco, además de atascar varias investigaciones en curso contra pandillas delictivas.
Para Delgado, “existe un interés consistente, repetitivo y altamente sospechoso de no querer discutir sobre el tema”; en referencia al proyecto 23.090, conocido como Ley contra el Crimen Organizado.
¿Qué ha realizado la comisión de seguridad sobre esa suspicacia suya?
Se han valido de acciones recurrentes para evitar a toda costa que discutamos sobre los errores del proyecto 23.090, y los cambios que he propuesto. Todo esto me lleva a cuestionarme ¿a qué es lo que le temen que no quieren que exista debate?
¿En qué se basa para tal afirmación?
Sabemos que el plazo del proyecto en comisión -(la de Seguridad)- ya venció, a pesar de que los diputados pudieron aprobarle una ampliación de plazo, vía artículo 80 del reglamento, y aún así no lo hicieron, lo que hará que las mociones se voten sin discusión.
Esto evidencia el interés por no discutir, y no debatir sobre estos necesarios cambios y aparte, de la manifiesta intención por silenciarme y continuar aceptando el error que quiere perpetuar el Poder Judicial con este tema.
¿Cuál es la deficiencia más grave que tiene esa reforma legal?
El proyecto 23.090 no corrige el grave error que ha validado el Poder Judicial: no restituye el artículo 2 de la Ley de Delincuencia Organizada, lo que jurídicamente no permite la realización de intervenciones telefónicas ni ampliación de medidas cautelares de prisión preventiva por medio de un procedimiento especial contra la delincuencia organizada.
¿Hay riesgo de que ese proyecto rebote en la Sala IV?
Es inconstitucional por tanto plantea a través de un artículo la retroactividad de la aplicación del proceso penal, que puede afectar derechos previamente adquiridos por las personas imputadas.
¿En qué otras inconstitucionalidades cae este expediente?
Crea escalas salariales diferenciadas para los juzgadores, dependiendo de a cuál jurisdicción pertenezca.
¿Qué otros errores crea esta iniciativa?
La inseguridad jurídica, en el tanto que determina erróneamente la entrada en vigencia de la ley, para el primer bimestre del 2023, y lo supedita a que exista contenido presupuestario.
¿Por qué presentó 500 mociones a la propuesta?
Las mociones buscan que se abra la discusión a un tema que es realmente urgente, para asegurarnos que el marco legal esté acorde con la lucha contra el crimen organizado.
¿Ud afirmó que “esto representa un golpe a la democracia y al interés ciudadano”?
Me cerraron los portillos para que pueda defender las mociones en la Comisión, sin que pueda detallar los argumentos que ellos y ellas no han podido dar en la defensa del proyecto tal y como está.
¿Cuál es el riesgo de aprobar esta reforma legal, así como la plantean?
El Estado se expone a la interposición de demandas por aplicar una normativa derogada y que ante eventuales condenas, el pago saldrá de nuestros bolsillos.
¿Y en cuanto a la lucha contra la delincuencia?
Nos arriesgamos a que las bandas de crimen organizado, que nos roban la paz y la tranquilidad a todos, nos sigan acechando, a que permanezcan libres y a qué incluso se les venzan medidas cautelares vigentes, por la misma inoperancia del Poder Judicial.
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