Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
Desde el 19 de agosto, entró en vigor la Ley No. 10.491, para que los contribuyentes con retrasos en el pago del IVA, notificados antes del 30 de marzo de 2022, eviten el cierre de sus negocios, mediante el pago de multas.
La medida es para apoyar la reactivación económica en Costa Rica, ofreciendo alternativas a los deudores del IVA.
Las multas varían según el tamaño del negocio; para empresas grandes, la sanción será de tres salarios base, equivalentes a ¢1.386.600; en otros casos, será un cuarto de salario base, ¢115.550.
Además, los contribuyentes tienen la alternativa de solicitar un fraccionamiento del monto adeudado, facilitando así la regularización tributaria, sin afectar la continuidad de sus operaciones comerciales.
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