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La jornada excepcional ampliada, conocida como 4/3, es un retroceso en los derechos del trabajador, viola el principio de progresividad de los Derechos Humanos y elimina el pago de horas extra.
Así se desprende del análisis realizado, a ese proyecto de ley, que se discute en la Asamblea Legislativa, por la Defensoría de los Habitantes, para que los diputados tengan más elementos al emitir su voto, cuando sea debatido en el plenario.
Una de las objeciones es “porque busca aumentar la jornada de 8 a 12 horas diarias, sin pago de horas extras, al que se tiene derecho actualmente, cuando se labore más allá del horario de ley”.
Ese principio está contenido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana, añadió el informe de la Defensoría.
Para esa institución, la creación y ampliación de la jornada excepcional ampliada, es una manera de transformar una jornada extraordinaria en ordinaria; las principales beneficiadas serían las empresas, porque no pagarían las horas extra.
De esa manera, agrega la organización, abaratan los costos, hacia un mayor nivel de producción, por encima de los derechos laborales de las personas trabajadoras.
Otro punto en contra es que el gobierno carece de personal, y mecanismos, para garantizar que la escogencia de las 12 horas sea voluntaria, y no condicionada por el patrono.
La Dirección Nacional de la Inspección de Trabajo carece de capacidad para vigilar las condiciones de seguridad, y salud en el trabajo, el desarrollo de prevención de accidentes, ampliación de horarios de trabajo, entre otras.
Según la Defensoría, el proyecto afectaría a los discapacitados, el trabajo doméstico no remunerado, y el uso del tiempo con una visión de género, entre otros temas.
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