En promedio, casi un 80 por ciento de 973 personas entrevistadas por teléfono celular, juzga las tareas realizadas por la Asamblea Legislativa como “mala” o “regular”, el resto las considera “buenas o muy buenas”.
Apenas comenzó el debate en torno al presupuesto nacional del 2023, por un monto de ¢12 mil millones, y ocurrieron los primeros enfrentamientos, dentro de la misma oposición y contra los oficialistas.
A partir del 1 de noviembre el Poder Ejecutivo tendrá el control de la agenda legislativa, y le corresponderá enviar sus proyectos de ley para que los diputados los analicen en el periodo de sesiones extraordinarias, que finaliza el 31 de enero del 2023.
El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, explicó que durante las sesiones ordinarias -las cuales finalizan este 31 de octubre- fueron aprobados diez proyectos de ley de gran relevancia.
Con el voto de 15 magistrados, de 22 que integran la Corte Plena del Poder Judicial, fue electo -este lunes- Carlo Díaz Sánchez, como Fiscal General de La República, cargo que desempeñará por un lapso de cuatro años.
La aprobación del presupuesto nacional, y de los eurobonos serán los temas medulares que tratarán este lunes, a partir de las 6:30 pm en la Casa Presidencial, los jefes de fracción legislativa y Rodrigo Chaves.
Cada colilla -o chinga- de cigarro contamina 50 litros de agua potable, con eso puede sobrevivir una persona durante tres semanas; por eso varios diputados presentaron un proyecto para sancionar a quienes tiren esos residuos al piso.
El Presidente Rodrigo Chaves, autoridades del Ministerio de Agricultura (MAG), y del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) firmaron una propuesta, para la Asignación de cuota de atún, tal como realizan otros países.
A Rodrigo Chaves le preocupa la estabilidad macroeconómica del país, para evitar desequilibrios con graves efectos sociales, expresó al final de su reunión con los jefes de fracción y el presidente del Congreso, Rodrigo Arias.
Si aprueban una reforma al artículo 18 del Código de Trabajo, promovida por los diputados del Frente Amplio (FA), serían reconocidos los derechos laborales de los repartidores quienes trabajan para plataformas digitales.
