La bancada socialcristiana expuso nueve razones para rechazar la venta del BCR; entre ellas, porque coloca en peligro el trabajo de 4500 empleados bancarios, y sería vender barato un valioso activo estatal.
Sin garantizar el mantenimiento de las exclusiones y los aranceles, integrar el país a la Alianza del Pacífico, empujaría a un precipicio a todo el sector agropecuario nacional. Ese es el criterio de los representantes de seis agrupaciones agropecuarias, opuestas a esa propuesta de Rodrigo Chaves.
Cerca de 200 mil migrantes, en su mayoría venezolanos, transitaron por Costa Rica en ruta a Estados Unidos, y eso superó la capacidad nacional para darles atención humanitaria.
La elevada rotación laboral, la inseguridad jurídica, el nombramiento de funcionarios a dedo, y el control sindical de las jefaturas fueron denunciadas por Cindy Bravo, exgerente general del Instituto de Desarrollo Rural (INDER).
De enero del año pasado a setiembre del presente, los pescadores recibieron 46 millones de litros de combustible subsidiado, valorado en ¢10 mil millones y lo revendieron “a empresas e incluso al crimen organizado”.
Los partidos de la selección en Qatar, podrán ser vistos por los empleados públicos -en su jornada laboral- según una directriz ejecutiva, emitida por Rodrigo Chaves.
Los congresistas analizan el presupuesto nacional para el otro año, y persisten en asignar ¢81 mil millones -destinados originalmente al pago de intereses de la deuda pública- para financiar sectores a los que el gobierno redujo fondos.
El proyecto del ejecutivo para vender el BCR, tal como está planteado, es inviable porque contiene vacíos en cuanto a quiénes tomarán las decisiones, y calibrarán los riesgos de este proceso, así como los beneficios de esta privatización.
Representantes de las Olimpiadas Especiales denunciaron que el Instituto Costarricense del Deporte (ICODER) “tiene secuestrada” esa institución y “siempre ha querido la plata” de esa organización deportiva.
El poder ejecutivo sostiene un pulso con los diputados, y polarizó la discusión del proyecto de eurobonos; el gobierno pide $6 mil millones y los diputados opositores ofrecen $3 mil millones, con un pliego de compromisos fiscales.
