Los dueños de la agencia publicitaria Madison Revolution indicaron -ante la Comisión de Partidos Políticos, que investiga el financiamiento a esas agrupaciones en la campaña electoral 2022- que el fideicomiso ATA Trust Co, pagó una parte de sus servicios.
El seis y siete de febrero arribará a Costa Rica una misión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), encabezada por el secretario Mathias Cormann, anunció Rodrigo Arias, presidente del Congreso.
Este lunes ingresarán a la agenda del Plenario Legislativo los dictámenes -de mayoría y minoría- emitidos por la Comisión de Nombramientos, con los cuales podrá iniciarse el proceso final para elegir al Defensor de los Habitantes.
La Fiscalía confirmó este miércoles que abrió una investigación contra la ministra de Salud, Joselyn Chacón, por la presunta malversación de fondos con el fin de pagar una campaña para desacreditar a periodistas en redes sociales.
En una conferencia de prensa, Rodrigo Chaves, confirmó en el cargo de Ministra de Salud a la doctora Joselyn Chacón; reiteró su confianza en la funcionaria, y salió al paso de lo que catalogó como “una serie de mentiras” contra la jerarca.
Las autoridades del TSE divulgaron el cronograma electoral, con las fechas y plazos, que regirá para las elecciones del 4 de febrero del 2024 en las cuales serán electos los alcaldes y los miembros de los gobiernos municipales.
A partir de este lunes los diputados volvieron a sus curules, tras el receso de fin de año; es el último mes de sesiones extraordinarias y hay 22 proyectos convocados por el Ejecutivo, algunos en proceso final de aprobación.
Casi la mitad de las curules – 27- son ocupadas por mujeres, debido a las leyes aprobadas por el Congreso desde el 2009, que permiten la paridad de género y cerrar brechas en ese campo.
Los congresistas aprobaron -en primer debate- una ley para autorizar al estado la donación de un terreno, donde la Municipalidad de Alajuela construirá una moderna terminal de trenes.
El jefe de la bancada liberal, Eli Feinzaig, considera que agregar un párrafo al artículo 33 de la Constitución, para declarar la conectividad digital como un derecho humano, afectaría la igualdad ante la ley de todos los costarricenses.