La Asamblea Legislativa reforzó los protocolos de ingreso, y permanencia en sus instalaciones, después de que varios diputados recibieran amenazas de muerte.
Ante la falta de acuerdos respecto al tipo de convención que definirá a su próximo candidato presidencial, la Asamblea liberacionista postergó la decisión para noviembre.
Los partidos Aquí Costa Rica Manda y Pueblo Soberano, no podrán cobrar la deuda política, tras no presentar la liquidación de gastos electorales a tiempo.
Para los comicios del 2026 no habrá voto electrónico, anunció el Tribunal Supremo de Elecciones; el sufragio para presidente y diputados será mediante papeleta.
El expresidente José María Figueres Olsen anunció su renuncia al puesto permanente en el Directorio de Liberación Nacional, argumentando que es momento de dar paso a nuevos liderazgos.
Un juez del Penal de Hacienda, suspendió por seis meses a Marta Esquivel, presidenta de La Caja, y a otros cuatro jerarcas por un presunto sobreprecio, en contratos de administración de los Ebais, en el llamado “Caso Barrenador”.
El Tribunal de Ética y Disciplina de Liberación Nacional, suspendió la militancia del exalcalde de San José, Johnny Araya, debido a su imputación en el Caso Diamante, relacionado con obras viales.
Después de que la Sala IV no hallara vicios constitucionales, en el artículo dos de la segunda Ley Jaguar, el gobierno definió una nueva ruta para lograr un referendo.
El Observatorio de Comunicación Digital, de la Universidad Latina, reportó una caída del 191% en las menciones sobre la Ley Jaguar, desde su presentación en junio de 2024.
El costo mensual para mantener a un reo en Costa Rica es de ₡437.840, un gasto asumido por los ciudadanos a través del pago de impuestos, dijo el diputado Fabricio Alvarado, líder de Nueva República.
