- Dentro del plan se midieron 1.638 propiedades y se colocaron 208 mojones, al tiempo que se realizaron 7.777 censos y analizaron 4.983 documentos.
- ₡3.200 millones es el monto de devolución de tierras paras este 2022
Tras la promulgación de la Ley Indígena en 1977, la normativa dictó la obligación del Estado de devolver a las comunidades todas las propiedades en posesión de personas no indígenas dentro de los territorios. Sin embargo, esta instrucción fue obviada por décadas, lo cual generó altas tensiones y violencia entre los habitantes de los territorios, con serias consecuencias culturales y económicas.
A partir del 2016, nace el Plan RTI desde el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), con el fin de atender estas problemáticas; por lo que, para este 2022 se destinó un presupuesto de ₡3.200 millones para iniciar la devolución de los terrenos, 310 propiedades identificadas, que deben pasar a mano de las comunidades indígenas.
Cuatro años después, el Plan RTI ha alcanzado a los 8 pueblos y los 24 territorios indígenas, con un intenso trabajo de campo que ha implicado enfrentar barreras geográficas y cubrir grandes extensiones de campo. Para darse una idea, solo el territorio de Alto Chirripó -una zona montañosa entre Turrialba y Matina- tiene una superficie superior a las 78 mil hectáreas.
“El Plan RTI es un trabajo institucional sin precedentes, de ir finca por finca, censar a las personas, revisar documentos registrales, comparar con las leyes y abarcar centenares de kilómetros en Buenos Aires, Talamanca, Guatuso y muchas otras partes del país. El proceso que hemos realizado permitirá que más de 300 fincas vuelvan a quienes siempre han sido sus verdaderos propietarios: las comunidades indígenas. Con esto esperamos fortalecer los procesos culturales, indentitarios, económicos y de convivencia y seguridad en los 24 territorios indígenas”, comentó el viceministro de la Presidencia, Randall Otárola.
Según indican en su comunicado, este trabajo ha dado importantes frutos, los cuales en grandes números se resumen en 4.983 documentos analizados, 208 mojones construidos y colocados, 7.777 censos realizados, 1.638 propiedades medidas y 310 expedientes conformados (cada uno de los cuales es un estudio por finca de todos aquellos ocupantes identificados como no indígenas).
Para cada expediente se realiza un procedimiento administrativo, atendido por un órgano director que es el encargado de dictar la resolución final, ya sea de indemnización o desalojo. Para los casos donde corresponda la indemnización, ésta se realiza amparada en el convenio de coordinación entre el Inder, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y el Ministerio de Hacienda.
Por su parte, el presidente ejecutivo del Inder, Luis Diego Aguilar, afirmó que, “este plan nació en el Inder como respuesta a esa deuda histórica que tiene el país con los pueblos indígenas. Desde entonces, un total de 17 profesionales entre topógrafos y abogados se han dedicado a la titánica tarea de medir por primera vez y con las nuevas tecnologías, los 24 territorios indígenas de todo el país, un hito histórico que ya está dando resultados contundentes y medibles, pero que debe continuarse, para brindar esa seguridad jurídica que requieren los pueblos originarios”.
El Plan de Recuperación de Territorios Indígenas se mantiene vigente y continúa realizando trabajo de campo y administrativo en una buena parte de los territorios, por lo que el número de expedientes y de fincas podría seguir creciendo, para cumplir con la devolución de territorios a las comunidades.
