Sin la presencia de opciones provinciales, los 313.778 electores de Limón escogerán el próximo 1 de febrero a los nuevos representantes del Caribe para la Asamblea Legislativa.
Se trata de los mismos partidos que hoy pujan por la presidencia de la República con un candidato postulado y que, al mismo tiempo, tienen aspirantes a legisladores en las siete provincias.
De acuerdo con el padrón electoral, la mayoría de los electores serán hombres (159.769), mientras que las mujeres mayores de edad habilitadas para votar suman 154.009.
El número de diputados no aumenta ni disminuye en relación con el periodo 2022-2026, por lo que Limón tendrá cinco representantes.
Los postulantes
Algunos de los candidatos son Mangell Mc Lean Villalobos y Yoilen Andrea Mora Venegas por el PLN y Raúl Orlando Méndez Contreras y María Stephanie Herrera Vargas por el Liberal Progresista.
Mientras que en Pueblo Soberano están Osvaldo Artavia y Kristel Ward Hudson, a la vez que Unidos Podemos postula a Giovanni Rivera Picado y Katerine Calvo.
Las necesidades
Para nadie es un secreto que Limón tiene grandes oportunidades de desarrollo, gracias a que por la provincia se exporta y se recibe el 80% o más de los productos que se consumen en Costa Rica.
Sin embargo, eso no se ha traducido en una generación de empleos de calidad, a la vez que el turismo no termina de despegar a pesar de las bellezas del Caribe Sur.
Es por ello que una de las prioridades de los nuevos legisladores está relacionada con la generación de oportunidades laborales, sobre todo en momentos en que el canon que paga APM Terminals ya se empieza a acumular y sumará más de $1.000 millones al cabo de 30 años. La idea es que ese dinero se use como una catapulta para el desarrollo de la provincia con inversiones estratégicas.
Sin embargo, nada de ello pasará si no se resuelve el problema de inseguridad.
Limón es la segunda provincia con más homicidios del país. Para el 15 de diciembre, la provincia sumaba 166 asesinatos.
En ese sentido, los nuevos diputados deberán promover un mix de propuestas para aumentar la inversión social, en educación y cultura, con el objetivo de evitar que los jóvenes se inmiscuyan en actividades del narcotráfico, pero también medidas punitivas para acabar con la reincidencia.
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